Aprobada la oferta de empleo público para 2016

Aprobada la oferta de empleo público para 2016
El pasado 18 de marzo se aprobó la Oferta de Empleo Público para 2016 con un total de 13.427 plazas nuevas y 5.694 de promoción interna

El Gobierno en funciones, que preside Mariano Rajoy, aprobó el pasado 18 de marzo la Oferta de Empleo de la Administración Pública – OEP, correspondiente al año 2016. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas – MINHAP, que dirige Cristóbal Montoro, ha convocado para este año un total de 13.427 plazas de nuevo ingreso (representa un aumento del 62 % respecto al 2015) y 5.694 que corresponderán a promoción interna (suponen un 20,2 % más que el año anterior). Es la más extensa de la década.

La OEP 2016 está repartida por las distintas escalas de la Administración, dividiéndose en:

  • 6.057 funcionarios para la Administración General del Estado (AGE): se cuantifica un 71 % más de oferta que en 2015.
  • 250 plazas para la Administración Local, que tendrán una habilitación de carácter nacional.
  • En áreas de gestión prioritarias, las plazas ofertadas fueron:
  • 1.820 para Justicia, una subida del 27,3 %.
  • 2.740 para Policía Nacional (+99,4 %)
  • 1.799 serán para aumentar la plantilla de la Guardia Civil (+103 %).
  • 761 ampliarán el Ejército de España.
  • En lo que respecta a las 5.694 plazas destinadas a promoción interna, se reparten:
  • 3.632 plazas para la Administración Central, un 34,1 % más que en 2015.
  • 200 puestos públicos para funcionarios de la Administración Local, que también cuentan con su habilitación de carácter nacional, suponiendo un incremento del 300 % con respecto a la oferta del ejercicio pasado.
  • 374 cargos van a reforzar la Administración de Justicia, una reducción del 62,7 % con relación a las 596 plazas que se ofertaron en 2015.
  • 250 plazas ampliarán al Cuerpo Nacional de Policía, aumento del 66,7 %.
  • 330 se destinan a la Guardia Civil (la misma cifra que en 2015).
  • 908 serán para las Fuerzas Armadas Españolas (+0,7 %).

Por escalas, si desglosamos la convocatoria de MINHAP, nos deja algunas asignaciones destacadas:

  • 400 plazas de la categoría C2 para auxiliares de la Administración del Estado.
  • 132 puestos para científicos titulares de la Administración Central, categoría A1.
  • 80 para los técnicos informáticos, A1.
  • 60 plazas, también de la categoría A1, para técnicos superiores de la Administración.
  • 60 puestos, de categoría A1, para ingenieros aeronáuticos.

La convocatoria total asciende a 19.121 para este año 2016, incluyendo tanto el ingreso libre como las plazas para la promoción interna de funcionarios.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría –vicepresidenta en funciones del Gobierno–, indicó que se mantendrá la tasa de reposición del 100 %, tal y como ocurriera en anteriores años,  lo que tendrá repercusión en los considerados sectores prioritarios del Estado, como son la lucha contra la corrupción (tanto en lo que refiere al fraude fiscal como también al laboral) o el FCSE.

Por su parte, el ministro Montoro informó que la cuota total de funcionarios es similar a la que existía en 2004 (superaría los 2,5 millones, excedería los 3 millones según datos de la EPA). Aunque, debido al IPC y la revalorización de los salarios, actualmente el coste para los Presupuestos Generales del Estado supera en más de 30.000 millones de euros lo que suponía para las arcas públicas en aquel 2004. También hizo mención a la ley de contratos que obliga a las distintas Administraciones públicas a una reserva de cuotas del 7 % en las plazas que se ofertan para personas con discapacidad. Esto significa un total de 846 plazas y, de todas ellas, 559 serán de nuevo y libre acceso y las restantes 287 servirán para la promoción interna de funcionarios con alguna discapacidad.

Sindicatos

No están nada satisfechos los sindicatos españoles, como le ha expuesto CSI-F al Gobierno, calificando de insuficiente la oferta de empleo planteada por este. Para el sindicato de los funcionarios, el problema más importante es que no se cubre la totalidad de plazas vacantes por jubilación, quedando un 15 % sin reponer para el año presente. Según sus estimaciones, ha crecido la media de edad de los trabajadores públicos y esto dará lugar a que, en un plazo inferior a 20 años, aproximadamente 120.000 plazas sean eliminadas, lo que afectará a más de 25.000 en los próximos meses al cumplir ya esos funcionarios edades que superan los 60 años.

Desde Comisiones Obreras también se rechazó la OEP al considerar que supondrá para la Administración una pérdida de muchos puestos de trabajo, porque no restituye la cuantía de empleos públicos que causarán baja este mismo año. El sindicato CCOO. señaló que la medida ocasiona una pérdida de empleos en una cuantía que superaría “los 1.000 puestos de trabajo” y tampoco garantiza el funcionamiento correcto de los servicios públicosEllos habían exigido una oferta de empleo extra para solucionar un déficit de personal que se venía acumulando de años anteriores y que, calculan, podría necesitar una convocatoria mayor, que ascendiera a otros 30.000 efectivos públicos.

Por su parte, en UGT indicaron que la oferta de plazas que son de nuevo ingreso es escasa y a ello añade que, en los últimos cuatro años, se ha venido produciendo una ída constante en las cifras de empleo en España, dejando “en un estado crítico” los servicios públicos que debe atender la Administración. Así de contundente se ha mostrado Carlos Álvarez Andújar, quien lamentó que al mantenerse las plazas nuevas, se pierden 1.000 puestos respecto a 2015. En su opinión, no se puede mantener la política presupuestaria de estos pasados años en materia de función pública, en la que se ha considerado como un gasto el mantenimiento de los servicios públicos, en lugar de verlo como una inversión en mejorar la atención a los ciudadanos y progresar. Las presiones a una plantilla que se reduce continuamente y donde el “61,28 % tiene más de 50 años” están lejos de arreglar el problema, salvo que lo que se esté buscando sea precisamente llegar a una externalización de dichos servicios que pueda justificar este proceder. Por último, el secretario general AGE – UGT valoró de manera aceptable el aumento de plazas para la promoción interna de funcionarios, teniendo en cuenta lo ocurrido en el año anterior.

Normalización

A tenor de los datos mostrados, puede determinarse que se produce una normalización en la Oferta de Empleo Público publicada por el Ejecutivo. Al no integrarse solo en los llamados “cuerpos esenciales”, como podría entenderse al órgano recaudatorio del Ministerio de Hacienda, y ampliarse al conjunto de las Administraciones y sus escalas, se produce una cierta democratización del acceso al funcionariado, lo que es un buen síntoma de una recuperación económica cuyos efectos ya se atisban.

El aumento, siendo el más alto de la última década, puede promover un funcionamiento más adecuado, con inclusión de nuevas formaciones en tecnología, lo que dotará a las Administraciones de más agilidad y mejor atención a los ciudadanos. Además, se establece la aplicación de una tasa de reposición completa que va a permitir una mejor planificación del trabajo en las distintas Administraciones y a generar mayor eficacia en sus acciones. De hecho, desde 2009 no se producía el 100 % de reposición, como se desprende de la publicación en el BOE de esta convocatoria.

Un avance en la lucha contra la corrupción. La oferta que plantea el Gobierno pretende aumentar el personal que se encarga de investigar el fraude fiscal y la merma de ingresos por malas prácticas en la aplicación de las obligaciones empresariales en materia de Seguridad Social. Hay un refuerzo en los distintos órganos de la Administración Pública para la vigilancia de la corrupción. En este sentido, se amplía la plantilla de magistrados, fiscales e inspectores para este mismo año.

También se debe entender como normalización la apuesta que se hace por el empleo público, toda vez que el colectivo de trabajadores, funcionarios, de la Administración en sus distintas categorías ha sido, con frecuencia, el centro de la crítica en momentos de dificultad en la etapa de crisis que España ha pasado. Es el colectivo más grande de empleados de este país el que ha visto cómo se congelaba su sueldo, se le retiraban las pagas extras o se intentaba controlar su trabajo con acusaciones sobre su eficiencia laboral.

Ahora se produce una gran apuesta, de casi 20.000 puestos de trabajo, 13.000 de ellos de nueva creación y de libre acceso que van a representar una gran oportunidad para los opositores. Esta nueva vía de trabajo, además, podrá contribuir a una mejora de las cifras de empleo y a promover que se mejore la atención a la ciudadanía, paliando el atasco judicial, el retraso en la gestión documental en algunas Administraciones y, en su conjunto, consiguiendo un beneficio general de la estructura del Estado.

Por parte de los sindicatos, la petición es algo ordinario, dentro de esta tónica que señalamos como de normalidad, al exigir que el aumento de plazas intente compensar el retraso acumulado y anticipe el momento de pérdida del funcionariado por jubilación que se produce anualmente. Aquí corresponde hacer un equilibrio entre el coste que supone esta ampliación que reclaman y la capacidad económica y de respuesta de los PGE, toda vez que aún se intenta ajustar el gasto para cumplir con el objetivo de déficit que se exige desde la Unión Europea.

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