Denegación de ayudas sociales, durante los tres primeros meses de estancia, a ciudadanos de la Unión. ¿Es jurídicamente posible?

Denegación de ayudas sociales, durante los tres primeros meses de estancia, a ciudadanos de la Unión. ¿Es jurídicamente posible?
El Tribunal de Justicia de la UE sobre la denegación de ayudas sociales que propone la UE a los ciudadanos de cualquier Estado miembro ¿Es jurídicamente posible?

La Unión Europea tiene un problema con la definición de sus políticas de migración. Ya no solo con la crisis de los refugiados (parece ser que la ayuda de Turquía está cortando el flujo), sino también con la migración de los miembros nacionales. La Unión Europea ha levantado polvareda al publicar una nueva Directiva que modifica parcialmente las Directivas referentes a la libre circulación de ciudadanos miembros por los Estados de la Unión. Incluso, según la sentencia del TJUE, podría vulnerar algunos de sus principios fundacionales.

Así ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la UE sobre la denegación de ayudas sociales que propone la UE a los ciudadanos de cualquier Estado miembro (así como a sus familiares, miembros o no), durante los tres primeros meses de su estancia, si ello acarrea un gasto desproporcionado e inútil a las arcas públicas del Estado receptor o esas prestaciones se solicitan bajo sospecha de fraude del ciudadano miembro (es decir, si lo hace para no tener que buscar trabajo y que el Estado sufrague sus gastos de subsistencia).

Una Directiva en tela de juicio

La Directiva, en su apartado 16, instaura la polémica, al definir que conviene que el Estado miembro que acoge al ciudadano evalúe si la petición “obedece a dificultades temporales” y, en esta evaluación, se tengan en cuenta “la duración de la residencia, las circunstancias personales y la cuantía de la ayuda”, para dictaminar si ha habido aprovechamiento y picaresca por parte del solicitante cuya solicitud se haya convertido en “una carga excesiva para su asistencia social”.

En todo caso, el mismo apartado sostiene que nunca se permitirá la expulsión, cuando el solicitante sea asalariado autónomo o por cuenta ajena o solicitante de empleo, salvo que las razones de la expulsión estén fundamentadas por motivos de orden público y/o seguridad pública.

Disposiciones contradictorias: Espacio Schengen, tratados fundacionales y reglamentos

La Directiva en sí ya entra en contradicción con una de las cuatro libertades fundacionales de la Unión Europea: la libre circulación de trabajadores, que incluye el derecho al desplazamiento y a la residencia del ciudadano trabajador. En esta libertad, se incluye el derecho a trabajar en el Estado miembro escogido en las mismas condiciones que uno nacional y, por tanto, recibir el mismo trato de las instituciones de la Seguridad Social, las oficinas del paro, la asistencia social, etc.

Sin ir más lejos, el Espacio Schengen europeo de 1985 (https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_Schengen) se definía, en términos migratorios, como “un solo país con una política común de visados” y es posible encontrar en Internet reglamentos que amparan este derecho fundacional de libre circulación de trabajadores (http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/docs/guide_free_movement_low_es.pdf). En este sentido, solo es preceptivo el hecho de registrarse ante las autoridades administrativas europeas, cuando la estancia del ciudadano va a ser más larga que el trimestre.

En todo caso, según este mismo reglamento, los ciudadanos miembros gozan de los mismos derechos que los nacionales, así como los integrantes de su familia, aunque no sean ciudadanos de la UE y siempre que su matrimonio esté reconocido en su país de origen. Esta residencia de tres meses no está condicionada a buscar empleo en el país de recogida. Aquí es donde surge la polémica, pues los Estados miembros pueden negarse a dar determinadas prestaciones.

La verdad es que, tal y como reconoce la misma Unión Europea (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.3.html), en algunos Estados, hay restricciones a este trato “igual” para los ciudadanos de aquellos países recientemente unidos al club europeo y es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) la que dispone la forma de acceder a estas prestaciones.

Dos sentencias: la Doctrina Dano y el caso español

La polémica surge por la interpretación de esta nueva Directiva reformadora que hace cada Estado miembro. Trasciende el caso de Alemania, cuando un ciudadano de nacionalidad española solicitó, en 2012, unas prestaciones básicas a la administración alemana y esta se las denegó, amparándose en las disposiciones de esta Directiva.

En concreto, se trataba de una ciudadana española con un hijo que se trasladó en abril de 2012 a Alemania y empezó a trabajar en junio de ese año. Por tanto, cotizaba desde esa fecha y tuvo ya a sus hijos escolarizados en agosto. El marido de esta española se trasladó con su hijo en común, en clave de reagrupación familiar y, cuando fueron a pedir prestaciones para el marido, el gobierno alemán se negó amparándose en que el marido llevaba menos de tres meses en el Estado alemán y no había contribuido al sistema ni tenía “intenciones” de hacerlo.

El recurso de la pareja fue aceptado, en primera instancia, por la Administración alemana, que lo remitió al TJUE con una cuestión prejudicial en torno a la trasposición del Derecho Comunitario a la legislación alemana. La respuesta fue similar a la que la misma institución dio para lo que se conoce como Caso o Doctrina Dano y viene a decir que los Estados miembros pueden negarse a dar determinadas prestaciones a determinados ciudadanos que no trabajen o no tengan la intención de hacerlo.

En resumen, lo que ha causado tanta polémica en los medios de comunicación es que se pretenda evaluar individualmente un derecho social (libre circulación, residencia y derecho a prestaciones), a nivel individual, para depurar supuestos “parásitos” del sistema.

En otras palabras, que las instituciones nacionales pueden denegar, previo examen, las ayudas que establecen para sus ciudadanos nacionales a aquel ciudadano comunitario que no trabaje, no busque trabajo (no esté apuntado al servicio estatal de empleo de forma activa) y no tenga suficiente dinero para subsistir en el país de acogida.

En palabras del TJUE (palabras que han sido protagonistas de titulares en varios medios de comunicación): la posibilidad de denegar ayudas a aquellos ciudadanos que acuden a otro país “con el único propósito de poder disfrutar de la ayuda social de otro Estado miembro”. Dicho de otro modo, evitar el despectivamente conocido como “turismo social”.

¿Un derecho potestativo que vulnera un derecho fundacional?

Así las cosas, la posibilidad de que las Administraciones regionales denieguen o no las prestaciones no contributivas a determinados miembros, según su criterio, pone en tela de duda si uno de los principios fundacionales de la UE ha sido vulnerado.

En concreto, el artículo 45 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), en su apartado 2, se opone a que un Estado miembro deniegue una prestación social no contributiva a un ciudadano europeo sin dar la oportunidad a dicho ciudadano de “mostrar la existencia de un vínculo real con el Estado miembro de acogida” (http://www.eduardorojotorrecilla.es/2016/02/no-igualdad-entre-nacionales-de-la-ue.html).

EL TJUE ha sido tajante en el estudio de esta cuestión prejudicial y ha antepuesto las siguientes fuentes jurídicas: el “Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica del Consejo de Europa”. Por otro lado, el “Reglamento nº 883/2004” y la “Directiva 2004/38”; y, por último, el “Código de Seguridad Social”; y tal y como se ha apuntado, uno de los pilares básicos de la Unión, “la Ley de Libre Circulación”.

La resolución

El TJUE navega entre las dos legislaciones: las regionales, comprendidas entre aquellas que son desarrolladas por los entes legislativos de los Estados miembros (por ejemplo, lo que disponga la Ley de Seguridad Social española para los españoles y extranjeros); y las comunitarias. Se trata de no contradecir sus estamentos fundacionales, pero intentar, por ello, no ser demasiado “intervencionista” en la legislación de sus socios.

De hecho, el ente europeo se resguarda en la jurisprudencia que sentó la sentencia dictada sobre el caso Alimanovic, en la que se fundamentaba, para dar la razón a las Administraciones que negaban la prestación al ciudadano europeo, en que, al igual que en el Reglamento citado, Europa no obligaba a los ciudadanos de los Estados miembros a demostrar que, durante los tres meses máximos de estancia, tenían suficientes medios para subsistir (la presentación de dinero líquido ante las autoridades). Sería injusto obligar a las Administraciones de dichos Estados miembros a que cubrieran la estancia de esos ciudadanos con los recursos de sus arcas.

Para concluir, el Alto Tribunal sostenía que, de existir explícitamente esta obligación, se sometería a las arcas de los Estados miembros a una presión innecesaria, causada por el flujo incontrolado y -apuntan los detractores de esta medida- “oportunista” de corrientes migratorias a Estados laboralmente más favorables.

Conclusiones

El TJUE se pronuncia  a favor de tales medidas precisando la diferencia entre “ayuda laboral” y “ayuda asistencial” y alega que, en ningún caso, se vetan las ayudas laborales para reinsertarse en el mercado del Estado miembro, sino que se veta la cesión de ayudas asistenciales a personas no contributivas al sistema social del país que recibe al solicitante. De esta manera, salva los principios fundacionales de la Unión y evita incentivar el abuso de las instituciones sociales nacionales.

Algunos expertos en derecho comunitario apuntan que esta “salida de tangente” del alto tribunal va en consonancia con los intentos desesperados de la UE por mantener al Reino Unido dentro del club, garantizando así que sus arcas no serán víctimas del expolio de corrientes migratorias de los socios más pobres de la UE.

Formación relacionada

La página web www.cerem.mx utiliza cookies para mejorar los servicios ofrecidos. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso e instalación. Para más información haga click aquí.

Subir