Medidas en materia laboral del pacto PSOE - Ciudadanos

Medidas en materia laboral del pacto PSOE - Ciudadanos
En el acuerdo tiene especial relevancia las medidas en materia laboral y la lucha contra la desigualdad social, elementos analizados en este artículo

El pasado 24 de febrero, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, presentaron un documento conjunto en el que establecían las propuestas de Gobierno en el caso de que el primero consiguiera sacar adelante la investidura.

El documento, titulado “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”, consta de siete capítulos en 66 páginas y pretendía ser un punto de atracción para otras fuerzas políticas con las que conseguir los escaños suficientes para formar un ”Gobierno transversal”. Los cinco pilares o ambiciones de dicho Gobierno serían la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo y la unión y la regeneración política. Se observa la especial relevancia que tienen las medidas en materia laboral y la lucha contra la desigualdad social, elementos que serán expuestos en este artículo.

El trabajo autónomo

Las medidas que afectan al trabajo autónomo se encuentran en el primer capítulo del acuerdo («Impulsar un nuevo modelo crecimiento inclusivo, ambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente»). Si en algo se ponen de acuerdo ambas formaciones es en la necesaria toma de posiciones respecto a las necesidades de los autónomos, unas medidas que el sector lleva muchos años poniendo encima de la mesa. Se trata de proteger más y mejor a los autónomos, favoreciendo su establecimiento, desarrollo, crecimiento, estabilidad y perspectivas de futuro. En esencia, poner a los autónomos en una posición laboral, jurídica y fiscal más realista con su auténtica situación.

El asunto de las cotizaciones sociales es, quizá, el más llamativo para el público en general y una de las reivindicaciones más clásicas del sector. Ambos partidos, dando por hecho que el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) precisa una profunda reforma, pero asumiendo la lentitud del proceso legislativo, han planteado una medida exprés: implantar una cotización reducida de 45 euros aplicable a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el Salario Mínimo Interprofesional. Esto aliviaría la carga impositiva que sufren los autónomos de ingresos nulos o muy reducidos.

Esta medida de urgencia sería implantada de manera inmediata, dejando en un segundo plano la reforma del RETA, que se plantearía en los presupuestos del 2017 y que buscaría:

  • Establecer un nuevo sistema de cotización según los ingresos reales.
  • Encontrar fórmulas de cotización para el trabajo autónomo parcial y el de “vocación de no habitualidad”.
  • Implantar una reforma del sistema de módulos que atienda más a los niveles máximos y mínimos de ingresos y desvinculándolo más del sector de actividad.

A estas se suman medidas de tipo administrativo que facilitarían la vida de los autónomos. Destacan permitir que el importe de la cotización social se haga por los días efectivos de trabajo cuando las altas y bajas en la Seguridad Social no se realicen el primer día de cada mes. Las bases de cotización podrían cambiarse al menos cuatro veces en el mismo periodo anual (lo que responde a la fluctuación de ingresos) y se eliminaría la obligatoriedad mensual del pago de cotizaciones, que pasaría a un plazo trimestral. Además, se eliminarían las retenciones por IRPF a los profesionales que no llegasen a un rendimiento neto de, al menos, 12.000 euros anuales en los dos primeros años de actividad.

Un plan para un empleo estable y de calidad

Así se denomina el segundo capítulo del acuerdo PSOE-Ciudadanos, que propone una batería de medidas cuyo objetivo es sanear el mercado laboral español y luchar contra el paro y la precariedad. Estas propuestas, de gran calado, pasarían por otra reforma laboral, un Estatuto de los Trabajadores modernizado y novedades en la negociación colectiva. A continuación se resumen los principales puntos de este capítulo.

Reforma de la negociación colectiva

Se suprimiría la prioridad absoluta que con la anterior reforma laboral se otorgaba a los convenios de empresa sobre los convenios de ámbito superior y que ahora podría eliminarse en materia de jornada y salario base. Sin embargo, sí se permite una negociación de los salarios (hasta un 5 % de reducción) con una validez máxima de 12 meses para las causas alegadas y las medidas adoptadas.

Modalidades de contratación

Una de las medidas estrella de Ciudadanos en su programa electoral, el contrato único, ha tenido que abandonar este acuerdo. La propuesta es ahora reducir a tres el número de contratos: contrato indefinido (que no sufre cambios respecto al actual), contrato de formación y relevo de trabajadores y contrato “estable progresivo”, que sería el nuevo contrato temporal.

El contrato estable progresivo solo podría emplearse para puestos de trabajo de duración determinada y no para cubrir empleos indefinidos. Tendrá un máximo de dos años, o menos si lo acuerdan los sindicatos y la patronal en las negociaciones colectivas, plazo a partir del cual se convierte en indefinido. Su indemnización sería de 12 días en el primer año y 16 en el segundo año para despidos procedentes. En el caso de los despidos improcedentes, sería de 20 días en el primer año y 25 en el segundo.

Se desincentivará a las empresas que abusen de los despidos por contratos estables y progresivos, con un aumento de las cotizaciones sociales por desempleo. Al mismo tiempo, se incentivarán las cotizaciones de las que despidan menos por esta causa e incrementen su porcentaje de contratos indefinidos.

Plan de choque por el empleo y la inserción laboral

El plan de choque pactado por PSOE y Ciudadanos empieza asumiendo los errores del sistema actual de empleo y la inserción social. Por ejemplo, exponiendo las graves limitaciones del SEPE, el desprestigio e ineficacia de las políticas de formación o el despilfarro en incentivos para el empleo que no parecen llevar a nada.

Para cortar de raíz estos y otros problemas de inserción laboral, los dos partidos proponen dotar de protagonismo en las políticas de empleo a la orientación laboral y formativa. En este sentido, se potenciará todo lo posible la tutorización personalizada del desempleado, utilizando todos los medios económicos y técnicos al alcance de la Administración, incluyendo los derivados de la Unión Europea.

Se fiscalizarán estrictamente las acciones de formación para verificar que son efectivas y eficaces. Se diversificará su oferta y se pondrán en marcha nuevas modalidades. Por ejemplo, cheques para desempleados que rentabilicen la realización de los cursos de formación que elijan.

Además, se sustituirán la inmensa mayoría de exenciones y reducciones que merman los ingresos a la Seguridad Social por programas eficaces para que los desempleados puedan reintegrarse en el mercado laboral con garantías. Se reorientarán las bonificaciones para poder convertir los contratos temporales en indefinidos y se subvencionarán programas para los parados de larga duración. Estos parados, además, serán objeto de un plan de choque que intentará resolver su situación a base de:

  • Subvenciones para la contratación de parados de muy larga duración, que compensen a las empresas el coste de los cursos de formación que estos trabajadores deberán recibir.
  • Plan de reintegración laboral que quintuplique el actual presupuesto del programa Prepara.
  • Establecimiento de una renta de reintegración para los parados de larga duración que necesiten un fuerte programa de reciclado mientras dure esta formación.

Un sector especialmente castigado por la crisis es el de los desempleados mayores de 45 años víctimas de un ERE, para los que el acuerdo propone desarrollar un plan de recolocación externa.

Políticas para reducir las desigualdades sociales

La crisis ha generado pobreza, exclusión y desigualdad. Deben ser solucionados y para ello, el acuerdo PSOE-Ciudadanos ha expuesto las medidas que estas formaciones políticas consideran necesarias para conseguirlo.

Plan de emergencia social

Se plantea introducir un ingreso mínimo vital como prestación no contributiva para poder atender la situación de necesidad de las familias que no tienen ningún ingreso económico. Para las familias, además, se incrementaría la cuantía de la prestación por hijo a cargo y se alargaría su duración, añadiendo una prestación complementaria al salario en los hogares con rentas más bajas. Este complemento salarial garantizado dependería del nivel de ingresos y de la situación familiar.

Otra medida siempre bien recibida sería la subida del salario mínimo interprofesional, en una cantidad de, al menos, el 1 %. Y se crearía un subsidio por desempleo para los mayores de 52 años.

Medidas de igualdad entre hombres y mujeres

En materia de empleo, se hace necesario garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el acceso, la permanencia, la promoción y la formación.

Entre otras medidas, hay que destacar el incremento de los permisos de maternidad y paternidad, que pasan de 18 a 26 semanas. El permiso de maternidad intransferible pasará de 6 a 8 semanas y el de paternidad será de 8 intransferibles, pudiéndose distribuir las otras 10 de manera opcional entre padres y madres.

Un acuerdo integrador

En definitiva, el acuerdo entre los dos partidos políticos ha supuesto una cesión de posturas y líneas rojas impuestas por ambos, en pos de conseguir una base común sobre la que plantear una investidura de Gobierno. Sin embargo, la actualidad política parece indicar que estas y otras medidas en materia laboral, así como la propia alianza entre partidos, podría ponerse a prueba en los próximos meses.

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