Vulnera el derecho al honor y la intimidad la publicación de la sanción de un trabajador

El derecho al honor puede verse vulnerado si se hace pública la sanción de un trabajador y, para conocer el caso, analizamos una reciente sentencia del TC

Los derechos al honor y a la intimidad son fundamentales e intrínsecos a la condición de seres humanos. Pero muchas veces, en esta clase de derechos tan importantes cuesta saber ponderar cuándo se están sobrepasando los límites. En este post se pretende investigar un caso muy sonado en el que el trabajador consideró vulnerados sus derechos a causa de la publicación de una sanción por parte de la empresa.

¿Qué es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen?

Cuando nos referimos al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, estamos hablando de derechos fundamentales que necesariamente tienen que ser delimitados. Por ello, para su definición es conveniente acudir a la que propuso el Tribunal Constitucional (TC), ya que no hay un concepto jurídico como tal, a pesar de que en la sociedad actual estos derechos se hacen más y más importantes cada día.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, estos derechos hacen referencia al ámbito que cada uno de los ciudadanos reserva de su vida. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen está indiscutiblemente vinculado a la dignidad de cada persona. El problema surge a la hora de contextualizarlo según las circunstancias concretas de la situación.

Un caso que sentó precedente

Un caso muy sonado ocurrió en 2017 en una empresa de transporte de viajeros que publicaba cada mes los servicios que tenían que cumplir los trabajadores. Dichos cuadrantes se veían de manera pública en todas las sedes que tenía la empresa, que eran un total de cinco centros de trabajo. Un trabajador, a causa de una falta laboral, tuvo una sanción confirmada por el juzgado de lo social en la que se le suspendía de empleo y sueldo durante 21 días.

Una vez que la sentencia que confirmaba dicha suspensión se hizo firme y que al trabajador se le comunicó la sanción, se publicó de nuevo el cuadrante de servicios. En dicho cuadrante se incluyó el nombre del trabajador, junto al cual, durante aquellos 21 días, aparecían al lado las letras SAN, señal de que estaba sancionado. Estos cuadrantes eran públicos en todos los centros de trabajo de la empresa.

Por ello, el trabajador sintió que aquello suponía una vulneración de su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, por lo que presentó una demanda ante el juzgado de lo social. Dicha demanda no fue estimada en sus inicios por los juzgados, los cuales entendían que los actos de la empresa no vulneraban los derechos mencionados. La sentencia de instancia tuvo confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

¿Qué decía la sentencia del TSJ de Castilla y León?

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reiteraba la anterior doctrina del Tribunal Constitucional con respecto al derecho a la intimidad. En la misma se exponía que el artículo 18.1 de la Constitución dispensa una protección al individuo que engloba su derecho a la intimidad personal, lo cual se ve integrado por la intimidad, no solo personal y sexual, sino también por aspectos referidos a las relaciones del individuo.

Estas relaciones con terceros, incluyendo las profesionales, están dentro de la esfera privada del individuo. No obstante, para el TSJ de Castilla y León cabe la posibilidad de que, en ocasiones, se pueda acceder a este tipo de información debido al análisis concreto de las circunstancias. Por tanto, este juzgado confirmó que no había vulneración de los derechos del trabajador.

Por otra parte, la misma sentencia concluyó, con respecto al derecho a la intimidad, que la empresa no hizo referencia a ningún tipo de dato que tuviera relación con su ámbito personal o familiar. La información publicada solo hablaba sobre eventos propios de la actividad profesional y del servicio que el trabajador desempeñaba. Por tanto, el derecho a la intimidad personal y familiar no podía haber resultado vulnerado.

Por su parte, con respecto al derecho al honor se estableció en la sentencia del TSJ de Castilla y León que los datos que se aportaron al recurso resultaban insuficientes para que el tribunal pudiera concluir una resolución distinta de la que se elaboró en la sentencia de instancia.

¿Qué criterios se tomaron para alegar la no vulneración del derecho al honor?

En primer lugar, de acuerdo con la sentencia del TSJ, la difusión de la información del trabajador se limitaba a un estricto ámbito laboral. Igualmente, no se ha podido demostrar que dichos cuadrantes en los que se especificaba la sanción hubiesen sido vistos por personas que se desenvolviesen por un ambiente ajeno al ámbito empresarial. Por tanto, fuera de dicho ámbito no se había desprestigiado profesionalmente al trabajador.

Un segundo criterio es que, al omitirse por qué se estableció una sanción, el cuadrante solo hace una mera referencia superficial y objetiva. El no incluir la causa de dicha sanción evita o, en su caso, reduce los posibles perjuicios que el trabajador pudiera temer sufrir en su prestigio profesional.

Por último, tras su reincorporación no se han podido alegar consecuencias negativas para el trabajador que fue sancionado por parte de la empresa. Un extremo del que ni siquiera dejó constancia el propio trabajador.

En definitiva, en base a esos tres criterios el TSJ confirmó que la publicación de la sanción en los tablones de la empresa no vulneraba ninguno de los derechos mencionados. Igualmente, y como apreciación adicional, el tribunal especificó que tampoco se vulneró la por entonces vigente Ley Orgánica de Protección de Datos por el simple hecho de que en el cuadrante se incluyera la referencia a la sanción.

Configuración constitucional del derecho al honor y a la propia Con respecto a este caso, hay que acudir a la configuración constitucional de los derechos mencionados en el artículo 18.1 de la Constitución Española. Debe tenerse en cuenta que este artículo engloba la esfera profesional del individuo. Y en ciertas circunstancias, la información que se hace pública sobre la conducta laboral de un trabajador puede llegar a dañar su honor personal.

En los casos en los que se publican determinadas sanciones se pueden llegar a generar críticas descalificadoras, injuriosas, vejatorias e innecesarias contra el trabajador. Por tanto, este puede ser desmerecido como individuo al estar sometido a la opinión ajena de sus compañeros. Este daño puede ser de igual intensidad que si se realizara fuera del ambiente laboral directamente contra su persona, y algunas veces, incluso, puede ser mayor.

Debemos tener en cuenta que la actividad profesional suele considerarse una de las maneras más evidentes de mostrar la personalidad de un individuo y una de las más frecuentes expresiones de la relación que el individuo mantiene con la sociedad. Por tanto, una crítica de su comportamiento puede tener un efecto grave e intenso sobre la relación mencionada, afectando así a lo que el resto de la colectividad pueda pensar sobre esa persona.

De este modo, los resultados de una descalificación laboral pueden ser tanto laborales y patrimoniales como personales. A este respecto, el Tribunal Constitucional establece, sin embargo, que la protección de la Constitución en su artículo 18.1 alcanzaría a todas aquellas críticas que, aunque estén referidas al ámbito laboral, sean en el fondo una auténtica descalificación personal.

En definitiva, si la descalificación del trabajador en su ámbito laboral repercute en su consideración individual como persona y, en consecuencia, en su intimidad, dicha descalificación vulneraría el derecho constitucional. Así, cuentan con una especial importancia aquellas que pongan al trabajador o a su ética en el desempeño de su trabajo en duda o aquellas que menosprecien a su actividad.

Por ello, siempre se debe mirar el contexto, el quién, el cuándo, el cómo y la manera en la que el profesional ha sido atacado en su valía.

Un asunto no pacífico

No es pacífica la resolución que se dio al caso de esta sanción. Publicación de derechos fundamentales implica dar publicidad a los mismos. Por eso, deben tenerse en cuenta las circunstancias específicas, pues estas serán sometidas a examen en cada caso concreto.

Un ejemplo de ello se recoge en otra sentencia de ese mismo año, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que falló en el sentido contrario y le dio la razón al trabajador. En este supuesto la empresa había publicado un expediente disciplinario de uno de los representantes sindicales.

En definitiva, en el ámbito laboral, el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen debe ser estudiado exhaustivamente, especialmente si se refiere a la divulgación de datos del trabajador por parte del empresario. Sobre todo teniendo en cuenta la mayor protección que reciben los datos de las personas físicas desde que se implantó la nueva LOPDGDD en España.

El derecho al honor, según el TC, es un concepto que siempre dependerá de los valores que tenga una sociedad en cada momento. Por eso, siempre será un concepto indeterminado. No obstante, se debe tener siempre presente el derecho a la dignidad y al respeto que merece un individuo.

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